Por Salvador Díaz Utrera.

Recientemente se ha podido comprobar de primera mano el auge que está teniendo Perú como destino de inversiones para los empresarios españoles. Es de sobra conocido que ante cualquier escenario de crisis, la escapatoria natural de las empresas es abrirse hueco en otros mercados, y este es el punto en el que Perú ha irrumpido con fuerza en España como una alternativa interesante.

Ante el retroceso que está sufriendo la economía española, resulta frecuente en cualquier reunión profesional en España que la gente pregunte por Perú como destino inversionista, pues ha calado la idea de que el país está en una fase de desarrollo que favorece la creación de oportunidades de negocio. De este modo, son muchas las consultas que se están recibiendo en el estudio acerca del sistema tributario peruano y el coste que conlleva la repatriación de beneficios a España, pues no nos engañemos, al final el objetivo es producir y retornar el beneficio, o al menos parte, a la fuente.

Sin embargo, no son pocos los que reciben con mala cara la noticia de la inexistencia de un Convenio de Doble Imposición entre España y Perú, e incluso se sorprenden de que dos países que comparten lengua e intereses económicos y con histórica presencia de empresas españolas en Perú no haya desarrollado un marco normativo eficiente.

Por centrar el tema, los Convenios de Doble Imposición son la herramienta más eficiente que tienen los Estados para fomentar la inversión y dotar a los inversionistas en el exterior de instrumentos que los hagan competitivos en el marco de una economía globalizada. En resumen, la existencia de estos acuerdos supone una alfombra roja por la que acceder al mercado extranjero en un marco de seguridad y garantía.

En España cuesta entender que en un clima de recepción de capital extranjero como el que está viviendo Perú, la política del Gobierno Nacional no esté centrada en buscar medidas que fomenten dicha participación extranjera, y por el contrario, la postura mantenida hasta ahora ha supuesto un obstáculo a la inversión y el comercio internacional desde España.

En este sentido, aprovecho estas líneas para informar que en gran medida España posee mecanismos internos para evitar la doble imposición por los rendimientos obtenidos en Perú, pero esta afirmación la puedo realizar tras un estudio previo del sistema. Sin embargo, en la práctica hemos podido comprobar como el inversionista español es reticente en muchos casos a invertir en Perú pues tiene la creencia que ante la inexistencia de un convenio, los rendimientos que obtenga en Perú van a estar gravados doblemente, de modo que el beneficio neto una vez deducidos los impuestos no es atractivo.

Si tenemos en cuenta que España es uno de los Estados con mayor número de acuerdos suscritos para evitar la doble imposición y favorecer el intercambio de información, será habitual que en igualdad de condiciones se incline la inversión hacia otros destinos “mas seguros”.

Ante esta situación, y dada la importancia que tiene en un país como Perú la recepción de capital extranjero a efectos de creación de riqueza y por consiguiente, de puestos de trabajo, entendemos que debe ser fomentada una política que anime a las empresas a aterrizar en Perú, y no poner una barrera de entrada como está ocurriendo en la actualidad. Todo ello sin olvidar que, como cualquier acuerdo entre dos partes, ello no solo beneficia al inversionista español sino que también sería aprovechado por las empresas peruanas con intereses en España.

Aprovechemos que de forma natural el desarrollo económico de Perú lo convierte en un gran destino de negocio internacional para trasladar un mensaje de apoyo a la llegada de capital extranjero. Aunque sabemos que el camino que ha seguido el convenio España – Perú ha sido difícil, queremos que estas reflexiones sirvan para concienciar a los que toman las decisiones de la importancia de lograr un acuerdo que allane el terreno para mejorar el nivel de las inversiones y por ende, el beneficio para el país.